FINANCIACION Y COSTES DE LA LEY DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA. SINTESIS DEL ESTUDIO
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RAMIREZ, J.M., BARRIGA, L.A., FINANCIACION Y COSTES DE LA LEY DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA. SINTESIS DEL ESTUDIO. [s.l.], ASOCIACION ESTATAL DE DIRECTORES Y GERENTES EN SERVICIOS SOCIALES, 2009, 42 p.
Ref.
171271
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SIIS Archivo
Palabras clave:
Atención domiciliaria, Atención sociosanitaria, Centros de día, Cuidados de larga duración, Dependencia, Discapacidad, Financiación, Gasto social, Personas mayores, Prestaciones económicas, Prestaciones sociales, Residencias, Servicios de apoyo, Servicios de respiro, Servicios de salud, Servicios sociales, Tarifas, Autonomías, España
Atención domiciliaria, Atención sociosanitaria, Centros de día, Cuidados de larga duración, Dependencia, Discapacidad, Financiación, Gasto social, Personas mayores, Prestaciones económicas, Prestaciones sociales, Residencias, Servicios de apoyo, Servicios de respiro, Servicios de salud, Servicios sociales, Tarifas, Autonomías, España
Хураангуй:
Los autores de este informe intentan responder a algunas preguntas que llevaban tiempo planteándose: ¿Están cumpliendo la AGE y las CCAA sus compromisos de financiación con la Ley, y en qué medida?; ¿el mayor o menor grado de cumplimiento financiero en los diferentes territorios autonómicos, está provocando de facto situaciones de inequidad en la aplicación?; ¿tienen razón al quejarse algunas CCAA (si no todas) de insuficiencia financiera por parte del Estado?; ¿se puede afirmar realmente que la arquitectura financiera de la Ley es insostenible?; y finalmente, ¿qué consecuencias reales está teniendo todo ello para el sistema de Servicios Sociales y para los titulares de los derechos consagrados en la Ley 39/2006?
Los autores de este informe intentan responder a algunas preguntas que llevaban tiempo planteándose: ¿Están cumpliendo la AGE y las CCAA sus compromisos de financiación con la Ley, y en qué medida?; ¿el mayor o menor grado de cumplimiento financiero en los diferentes territorios autonómicos, está provocando de facto situaciones de inequidad en la aplicación?; ¿tienen razón al quejarse algunas CCAA (si no todas) de insuficiencia financiera por parte del Estado?; ¿se puede afirmar realmente que la arquitectura financiera de la Ley es insostenible?; y finalmente, ¿qué consecuencias reales está teniendo todo ello para el sistema de Servicios Sociales y para los titulares de los derechos consagrados en la Ley 39/2006?