DOCUMENTO SITGES 2009. CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES DURANTE LA EVOLUCION DE UNA DEMENCIA: REFLEXIONES, DERECHOS Y PROPUESTAS DE EVALUACION
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BOADA, M., ROBLES, A., (EDS.), DOCUMENTO SITGES 2009. CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES DURANTE LA EVOLUCION DE UNA DEMENCIA: REFLEXIONES, DERECHOS Y PROPUESTAS DE EVALUACION. BARCELONA, GLOSA EDICIONES, 2009, 158 p.
Ref.
164699
Location:
DFB Archivo
Palabras clave:
Autodeterminación, Demencia, Evaluación, Evolución enfermedad, Normativa, Personas mayores, Recomendaciones
Autodeterminación, Demencia, Evaluación, Evolución enfermedad, Normativa, Personas mayores, Recomendaciones
Abstract:
Todo ser humano tiene derecho a decidir libremente. Pero es posible que, en un momento determinado de su vida, las capacidades mentales de una persona no le permitan tomar adecuadamente ciertos tipos de decisión. A pesar de los esfuerzos que se han venido realizando para diseñar procedimientos de evaluación de capacidad decisoria, no existen guías prácticas universalmente aceptadas. El objetivo del Documento Sitges es analizar las múltiples situaciones que aparecen a lo largo del periodo evolutivo de una demencia, y el tipo de decisión que el enfermo o la enferma puede tomar por sí mismo, o con algún tipo de ayuda. El texto nace de la necesidad de propiciar un acercamiento entre la sociedad médica y la jurídica en el ámbito de las demencias, y se ha elaborado a partir de debates entre un grupo de personas expertas en diferentes competencias profesionales. Es también uno de sus objetivos prioritarios la sensibilización de los agentes sociales, que deben redefinir prestaciones y servicios para adaptarse a las cambiantes necesidades de esta población. En suma, el documento es una declaración en defensa de los derechos de las personas que, en un momento de su vida, pierden facultades mentales y desarrollan demencia, y pretende marcar un nuevo camino en este sentido. En materia de capacidad para decidir, hay legislación abundante, contradictoria y dispersa. Por ello, los autores destacan tres cuestiones determinantes a las que hay que atender para obtener la máxima eficiencia. En primer lugar, hay que descartar cualquier postura paternalista respecto a estos enfermos. Además, la intervención judicial en los procesos de incapacitación debe darse únicamente para lograr una mayor protección de la persona con discapacidad, y es importante ajustar al máximo las resoluciones jurídicas a cada caso, para lo cual es imprescindible colaborar estrechamente con el personal médico. Por último, con respecto al área médica, el estudio aboga por la elaboración de informes que incluyan un juicio global sobre las condiciones clínicas, funcionales y del entorno socioeconómico, que facilite la percepción de la capacidad del enfermo para decidir y para resolver.
Todo ser humano tiene derecho a decidir libremente. Pero es posible que, en un momento determinado de su vida, las capacidades mentales de una persona no le permitan tomar adecuadamente ciertos tipos de decisión. A pesar de los esfuerzos que se han venido realizando para diseñar procedimientos de evaluación de capacidad decisoria, no existen guías prácticas universalmente aceptadas. El objetivo del Documento Sitges es analizar las múltiples situaciones que aparecen a lo largo del periodo evolutivo de una demencia, y el tipo de decisión que el enfermo o la enferma puede tomar por sí mismo, o con algún tipo de ayuda. El texto nace de la necesidad de propiciar un acercamiento entre la sociedad médica y la jurídica en el ámbito de las demencias, y se ha elaborado a partir de debates entre un grupo de personas expertas en diferentes competencias profesionales. Es también uno de sus objetivos prioritarios la sensibilización de los agentes sociales, que deben redefinir prestaciones y servicios para adaptarse a las cambiantes necesidades de esta población. En suma, el documento es una declaración en defensa de los derechos de las personas que, en un momento de su vida, pierden facultades mentales y desarrollan demencia, y pretende marcar un nuevo camino en este sentido. En materia de capacidad para decidir, hay legislación abundante, contradictoria y dispersa. Por ello, los autores destacan tres cuestiones determinantes a las que hay que atender para obtener la máxima eficiencia. En primer lugar, hay que descartar cualquier postura paternalista respecto a estos enfermos. Además, la intervención judicial en los procesos de incapacitación debe darse únicamente para lograr una mayor protección de la persona con discapacidad, y es importante ajustar al máximo las resoluciones jurídicas a cada caso, para lo cual es imprescindible colaborar estrechamente con el personal médico. Por último, con respecto al área médica, el estudio aboga por la elaboración de informes que incluyan un juicio global sobre las condiciones clínicas, funcionales y del entorno socioeconómico, que facilite la percepción de la capacidad del enfermo para decidir y para resolver.