RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE APRES DECLARATION D'URGENCE, POUR LE RETOUR A L'EMPLOI ET SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES BENEFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX
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SEILLIER, B., RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE APRES DECLARATION D'URGENCE, POUR LE RETOUR A L'EMPLOI ET SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES BENEFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX. Serie: RAPPORT, PARIS, SENAT, 2006, 151 p.
Ref.
144055
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Palabras clave:
Contraprestaciones, Control, Derechos del usuario, Desempleo, Inclusión laboral, Motivación, Normativa, Obligaciones, Pobreza, Prestaciones económicas, Reforma, Renta de garantía de ingresos, Sanciones, Francia
Contraprestaciones, Control, Derechos del usuario, Desempleo, Inclusión laboral, Motivación, Normativa, Obligaciones, Pobreza, Prestaciones económicas, Reforma, Renta de garantía de ingresos, Sanciones, Francia
Хураангуй:
Francia es uno de los países de Europa en los que más se ha debatido –tanto a nivel técnico, como académico y político– sobre el eventual efecto desincentivador que las prestaciones sociales asistenciales pueden tener de cara al acceso al empleo de sus perceptores. Las instituciones políticas francesas se encuentran además inmersas en un profundo debate sobre la configuración de su sistema de rentas mínimas (minima sociaux), que perciben en total 3,3 millones de beneficiarios (en torno al 5% de la población). De todas las prestaciones incluidas bajo esa denominación, la principal –y la de mayor carga simbólica– es el RMI, que según los últimos datos cobran 1,2 millones de hogares (uno de cada 20). Con diversas propuestas sobre la mesa de los legisladores –Renta Básica universal, Ingreso de Solidaridad Activa decreciente en función de los ingresos...–, y en un ambiente determinado por el crecimiento del desempleo y una cierta psicosis de casos de fraude y abusos entre los perceptores de ingresos mínimos, la mayoría de centro derecha aprobó el pasado 23 de febrero una profunda remodelación de los estímulos al empleo que perciben los perceptores del RMI, y de otras dos prestaciones menores, que acceden a un puesto de trabajo.
Francia es uno de los países de Europa en los que más se ha debatido –tanto a nivel técnico, como académico y político– sobre el eventual efecto desincentivador que las prestaciones sociales asistenciales pueden tener de cara al acceso al empleo de sus perceptores. Las instituciones políticas francesas se encuentran además inmersas en un profundo debate sobre la configuración de su sistema de rentas mínimas (minima sociaux), que perciben en total 3,3 millones de beneficiarios (en torno al 5% de la población). De todas las prestaciones incluidas bajo esa denominación, la principal –y la de mayor carga simbólica– es el RMI, que según los últimos datos cobran 1,2 millones de hogares (uno de cada 20). Con diversas propuestas sobre la mesa de los legisladores –Renta Básica universal, Ingreso de Solidaridad Activa decreciente en función de los ingresos...–, y en un ambiente determinado por el crecimiento del desempleo y una cierta psicosis de casos de fraude y abusos entre los perceptores de ingresos mínimos, la mayoría de centro derecha aprobó el pasado 23 de febrero una profunda remodelación de los estímulos al empleo que perciben los perceptores del RMI, y de otras dos prestaciones menores, que acceden a un puesto de trabajo.