La economía de los cuidados en España. El derecho al cuidado
Saved in:
Álvarez, I., et al., La economía de los cuidados en España. El derecho al cuidado. Salamanca, CENIE, 2026, 168 p.
Ref.
608935
Location:
SIIS Archivo / DFB Archivo
Palabras clave:
Personas mayores, Dependencia, Discapacidad, Protección social, Derechos sociales, Modelos, Cuidados de larga duración, Servicios de apoyo, Cuidador informal, Cuidadores, Calidad de la atención, Acceso, Prestaciones sociales, Gasto social, Financiación, Evaluación de necesidades, Características personal, Características sistema, Datos estadísticos, España
Personas mayores, Dependencia, Discapacidad, Protección social, Derechos sociales, Modelos, Cuidados de larga duración, Servicios de apoyo, Cuidador informal, Cuidadores, Calidad de la atención, Acceso, Prestaciones sociales, Gasto social, Financiación, Evaluación de necesidades, Características personal, Características sistema, Datos estadísticos, España
Abstract:
El documento analiza el sistema de cuidados de larga duración en España y plantea la necesidad de reconocer el cuidado como un derecho social, una responsabilidad pública y un componente esencial del Estado del bienestar. Parte del contexto de una sociedad cada vez más longeva para examinar las limitaciones del SAAD, la insuficiencia de servicios, las desigualdades territoriales y de género, el peso del cuidado informal y el impacto económico de invertir en cuidados.<br><br>Se plantea que el cuidado debe dejar de verse como una responsabilidad privada, familiar y feminizada, para reconocerse como un derecho social y un bien público tan central como la sanidad, la educación o las pensiones. En una España cada vez más longeva, el informe sostiene que vivir más años solo será una conquista real si esos años se viven con autonomía, dignidad, apoyos suficientes y vínculos comunitarios.<br><br>A partir del análisis del SAAD, el texto muestra un sistema que ha avanzado desde la Ley de Dependencia, pero que sigue siendo incompleto: persisten listas de espera, desigualdades territoriales, insuficiencia de servicios, exceso de prestaciones económicas ligadas al cuidado familiar y una brecha entre el derecho reconocido y el cuidado efectivamente recibido. Esa fragilidad recae sobre todo en las familias y, dentro de ellas, en las mujeres, que sostienen gran parte del cuidado invisible.<br><br>El informe concluye que invertir en cuidados no es solo gasto social, sino una política económica estratégica: genera empleo, actividad, retornos fiscales y cohesión. Para hacer efectivo el Derecho al Cuidado propone reforzar la financiación pública, reducir el “care gap”, mejorar la gobernanza, profesionalizar el sector, dignificar el empleo, ampliar los servicios domiciliarios y comunitarios, y avanzar hacia un modelo centrado en la persona, capaz de repartir socialmente la responsabilidad de cuidar.
El documento analiza el sistema de cuidados de larga duración en España y plantea la necesidad de reconocer el cuidado como un derecho social, una responsabilidad pública y un componente esencial del Estado del bienestar. Parte del contexto de una sociedad cada vez más longeva para examinar las limitaciones del SAAD, la insuficiencia de servicios, las desigualdades territoriales y de género, el peso del cuidado informal y el impacto económico de invertir en cuidados.<br><br>Se plantea que el cuidado debe dejar de verse como una responsabilidad privada, familiar y feminizada, para reconocerse como un derecho social y un bien público tan central como la sanidad, la educación o las pensiones. En una España cada vez más longeva, el informe sostiene que vivir más años solo será una conquista real si esos años se viven con autonomía, dignidad, apoyos suficientes y vínculos comunitarios.<br><br>A partir del análisis del SAAD, el texto muestra un sistema que ha avanzado desde la Ley de Dependencia, pero que sigue siendo incompleto: persisten listas de espera, desigualdades territoriales, insuficiencia de servicios, exceso de prestaciones económicas ligadas al cuidado familiar y una brecha entre el derecho reconocido y el cuidado efectivamente recibido. Esa fragilidad recae sobre todo en las familias y, dentro de ellas, en las mujeres, que sostienen gran parte del cuidado invisible.<br><br>El informe concluye que invertir en cuidados no es solo gasto social, sino una política económica estratégica: genera empleo, actividad, retornos fiscales y cohesión. Para hacer efectivo el Derecho al Cuidado propone reforzar la financiación pública, reducir el “care gap”, mejorar la gobernanza, profesionalizar el sector, dignificar el empleo, ampliar los servicios domiciliarios y comunitarios, y avanzar hacia un modelo centrado en la persona, capaz de repartir socialmente la responsabilidad de cuidar.