Inclusion indicators 2024. Rights and inclusion of people with intellectual disabilities in 31 european countries
I tiakina i:
Inclusion Europe, Inclusion indicators 2024. Rights and inclusion of people with intellectual disabilities in 31 european countries. Bruselas, Inclusion Europe, 2024, 150 p.
Ref.
604842
Tauwāhi:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Discapacidad intelectual, Inclusión, Derechos, Características, Indicadores, Datos estadísticos, Recomendaciones, Europa
Discapacidad intelectual, Inclusión, Derechos, Características, Indicadores, Datos estadísticos, Recomendaciones, Europa
Whakarāpopotonga:
Este informe publicado por Inclusion Europe, ofrece una radiografía exhaustiva del estado de los derechos, la inclusión social y la participación de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Europa. Basado en datos de 31 países —con la colaboración de 442 personas con discapacidad intelectual y sus organizaciones representativas—, el estudio evalúa siete ámbitos clave: derecho a decidir y votar, vida independiente y participación comunitaria, vivienda y apoyos, educación, empleo, salud y representación. Las conclusiones son contundentes: aunque se reconocen avances legales en varios Estados, la plena inclusión sigue lejos de alcanzarse. Más de 850.000 personas viven aún en instituciones segregadas, y solo 4 países respetan plenamente la capacidad jurídica y el derecho a decidir. En 14 países todavía se puede negar el derecho al voto, y en 10 se practican esterilizaciones forzadas. La mayoría de personas adultas con discapacidad intelectual continúa viviendo con sus progenitores o en entornos institucionalizados, con escasos apoyos para la vida independiente. En educación, más de medio millón de niños y niñas asisten a escuelas especiales y más de 18.000 están fuera del sistema educativo. En empleo, la situación es crítica: en 29 países pocas personas con discapacidad intelectual trabajan en el mercado abierto, y muchas en empleos protegidos mal remunerados. Los datos también evidencian falta de accesibilidad sanitaria, precariedad en los apoyos familiares, y escasa representación política y social. Pese a ello, el informe destaca voces de autogestores que reclaman participación, autonomía y reconocimiento, insistiendo en que “la inclusión real no existe mientras se mantengan las instituciones y la tutela”. Inclusion Europe concluye que Europa necesita compromisos vinculantes para cerrar instituciones, garantizar apoyos personalizados, impulsar educación inclusiva, asegurar empleo digno y eliminar las barreras legales y culturales que perpetúan la discriminación. El documento es, en suma, un llamamiento urgente a transformar las políticas europeas hacia un modelo de ciudadanía plena, igualdad de derechos y pertenencia real para los 20 millones de personas con discapacidad intelectual que viven en el continente.
Este informe publicado por Inclusion Europe, ofrece una radiografía exhaustiva del estado de los derechos, la inclusión social y la participación de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Europa. Basado en datos de 31 países —con la colaboración de 442 personas con discapacidad intelectual y sus organizaciones representativas—, el estudio evalúa siete ámbitos clave: derecho a decidir y votar, vida independiente y participación comunitaria, vivienda y apoyos, educación, empleo, salud y representación. Las conclusiones son contundentes: aunque se reconocen avances legales en varios Estados, la plena inclusión sigue lejos de alcanzarse. Más de 850.000 personas viven aún en instituciones segregadas, y solo 4 países respetan plenamente la capacidad jurídica y el derecho a decidir. En 14 países todavía se puede negar el derecho al voto, y en 10 se practican esterilizaciones forzadas. La mayoría de personas adultas con discapacidad intelectual continúa viviendo con sus progenitores o en entornos institucionalizados, con escasos apoyos para la vida independiente. En educación, más de medio millón de niños y niñas asisten a escuelas especiales y más de 18.000 están fuera del sistema educativo. En empleo, la situación es crítica: en 29 países pocas personas con discapacidad intelectual trabajan en el mercado abierto, y muchas en empleos protegidos mal remunerados. Los datos también evidencian falta de accesibilidad sanitaria, precariedad en los apoyos familiares, y escasa representación política y social. Pese a ello, el informe destaca voces de autogestores que reclaman participación, autonomía y reconocimiento, insistiendo en que “la inclusión real no existe mientras se mantengan las instituciones y la tutela”. Inclusion Europe concluye que Europa necesita compromisos vinculantes para cerrar instituciones, garantizar apoyos personalizados, impulsar educación inclusiva, asegurar empleo digno y eliminar las barreras legales y culturales que perpetúan la discriminación. El documento es, en suma, un llamamiento urgente a transformar las políticas europeas hacia un modelo de ciudadanía plena, igualdad de derechos y pertenencia real para los 20 millones de personas con discapacidad intelectual que viven en el continente.