La adolescencia en España: hacia políticas públicas que garanticen sus derechos
Na minha lista:
Escorial, A., La adolescencia en España: hacia políticas públicas que garanticen sus derechos. Madrid, Plataforma de Infancia, 2025, 37 p.
Ref.
604527
Localização:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Adolescentes, Juventud, Características población, Derechos, Políticas públicas, Recomendaciones, España
Adolescentes, Juventud, Características población, Derechos, Políticas públicas, Recomendaciones, España
Resumo:
Este informe ofrece un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de las y los adolescentes españoles y las carencias de las políticas públicas destinadas a este grupo etario, desde un enfoque de derechos, interseccionalidad y justicia intergeneracional. Define la adolescencia como una etapa clave, a menudo invisibilizada en las políticas sociales, y denuncia su exclusión de ayudas y programas que sí contemplan a la infancia o la juventud. El documento identifica ocho grandes retos estructurales: pobreza, educación, violencia sexual, entorno digital, salud mental, medio ambiente, deporte y estigmatización social. Señala que el 35,8 % de los adolescentes está en riesgo de pobreza o exclusión, con una clara relación entre nivel socioeconómico, fracaso escolar y salud mental.<br><br>En educación, el abandono escolar temprano (13,7 %) sigue siendo superior a la media europea y vinculado a desigualdades territoriales y socioeconómicas, segregación escolar y brecha digital. En violencia sexual, el 22,9 % de los delitos afectan a adolescentes de 13 a 17 años y un 60 % ha sufrido alguna forma de violencia digital, en un contexto de hipersexualización y discursos misóginos crecientes.<br><br>El informe denuncia la falta de aplicación efectiva de la LOPIVI, la escasa educación afectivo-sexual y la insuficiencia de recursos judiciales y psicosociales. Además, alerta del aumento de los problemas de salud mental (más del 20 % de adolescentes afectados), la desigualdad en el acceso al deporte, la ausencia de mecanismos de participación en políticas medioambientales y la creciente estigmatización de la juventud en los medios.<br><br>Finalmente, propone medidas concretas como una prestación universal por crianza hasta los 18 años, la gratuidad del transporte y comedores escolares, el fortalecimiento de la educación inclusiva, la alfabetización digital y afectivo-sexual, y la creación de espacios institucionales de participación adolescente, con el fin de garantizar que todas y todos los adolescentes sean reconocidos como sujetos plenos de derechos y actores centrales en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Este informe ofrece un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de las y los adolescentes españoles y las carencias de las políticas públicas destinadas a este grupo etario, desde un enfoque de derechos, interseccionalidad y justicia intergeneracional. Define la adolescencia como una etapa clave, a menudo invisibilizada en las políticas sociales, y denuncia su exclusión de ayudas y programas que sí contemplan a la infancia o la juventud. El documento identifica ocho grandes retos estructurales: pobreza, educación, violencia sexual, entorno digital, salud mental, medio ambiente, deporte y estigmatización social. Señala que el 35,8 % de los adolescentes está en riesgo de pobreza o exclusión, con una clara relación entre nivel socioeconómico, fracaso escolar y salud mental.<br><br>En educación, el abandono escolar temprano (13,7 %) sigue siendo superior a la media europea y vinculado a desigualdades territoriales y socioeconómicas, segregación escolar y brecha digital. En violencia sexual, el 22,9 % de los delitos afectan a adolescentes de 13 a 17 años y un 60 % ha sufrido alguna forma de violencia digital, en un contexto de hipersexualización y discursos misóginos crecientes.<br><br>El informe denuncia la falta de aplicación efectiva de la LOPIVI, la escasa educación afectivo-sexual y la insuficiencia de recursos judiciales y psicosociales. Además, alerta del aumento de los problemas de salud mental (más del 20 % de adolescentes afectados), la desigualdad en el acceso al deporte, la ausencia de mecanismos de participación en políticas medioambientales y la creciente estigmatización de la juventud en los medios.<br><br>Finalmente, propone medidas concretas como una prestación universal por crianza hasta los 18 años, la gratuidad del transporte y comedores escolares, el fortalecimiento de la educación inclusiva, la alfabetización digital y afectivo-sexual, y la creación de espacios institucionales de participación adolescente, con el fin de garantizar que todas y todos los adolescentes sean reconocidos como sujetos plenos de derechos y actores centrales en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.