The implosion of the Dutch surveillance welfare state
Guardat en:
Fenger, M., Simonse, R., The implosion of the Dutch surveillance welfare state. Social Policy & Administration, vol. 58, n. 2, 2024, p. 264-276.
Ref.
597097
Localització:
SIIS Archivo (R. 1328)
Palabras clave:
Estado social, Protección social, Prestaciones económicas, Sanciones, Reforma, Características sistema, Crítica, Países Bajos
Estado social, Protección social, Prestaciones económicas, Sanciones, Reforma, Características sistema, Crítica, Países Bajos
Resum:
A partir de la década de 1990, la detección del fraude se ha convertido en un aspecto cada vez más importante en el diseño y la aplicación de diversos regímenes de asistencia social, como las prestaciones por desempleo, las prestaciones de asistencia social, las pensiones y los presupuestos de asistencia personal. Esto culminó con la Ley de Fraude de 2014, que introdujo un sistema de sanciones elevadas en todos los casos de fraude en las prestaciones, aunque fueran causados por errores administrativos. En 2020, una comisión de investigación parlamentaria concluyó que el Gobierno neerlandés había violado los principios fundacionales del Estado de Derecho por la forma en que se había tratado a los presuntos defraudadores de las prestaciones por cuidado de hijos. El llamado «caso de las ayudas por hijos a cargo» minó el apoyo a la severidad contra el fraude y dio lugar a una serie de propuestas para reformar el «Estado del bienestar vigilado» neerlandés. El asunto de las ayudas para guarderías es un caso interesante de crisis de la política social porque sus orígenes no son acontecimientos externos, sino que radican en la aplicación regular de políticas que han sido aprobadas y apoyadas ampliamente por políticos, legisladores y burócratas de a pie. En este artículo, se define y se aplica el concepto de «implosión institucional» para analizar el asunto de las ayudas a la infancia y sus consecuencias. Además, se sostiene que la implosión en este asunto se debe a la ampliación del grupo objetivo de ciudadanos «no merecedores» a ciudadanos «merecedores». Mientras que la Ley de Fraude se dirigía principalmente a los beneficiarios de prestaciones de desempleo, invalidez y asistencia social, un cambio en el sistema de ayudas para el cuidado de los hijos amplió el ámbito de aplicación de la Ley de Fraude a un grupo casi universal de padres y madres que utilizan guarderías.
A partir de la década de 1990, la detección del fraude se ha convertido en un aspecto cada vez más importante en el diseño y la aplicación de diversos regímenes de asistencia social, como las prestaciones por desempleo, las prestaciones de asistencia social, las pensiones y los presupuestos de asistencia personal. Esto culminó con la Ley de Fraude de 2014, que introdujo un sistema de sanciones elevadas en todos los casos de fraude en las prestaciones, aunque fueran causados por errores administrativos. En 2020, una comisión de investigación parlamentaria concluyó que el Gobierno neerlandés había violado los principios fundacionales del Estado de Derecho por la forma en que se había tratado a los presuntos defraudadores de las prestaciones por cuidado de hijos. El llamado «caso de las ayudas por hijos a cargo» minó el apoyo a la severidad contra el fraude y dio lugar a una serie de propuestas para reformar el «Estado del bienestar vigilado» neerlandés. El asunto de las ayudas para guarderías es un caso interesante de crisis de la política social porque sus orígenes no son acontecimientos externos, sino que radican en la aplicación regular de políticas que han sido aprobadas y apoyadas ampliamente por políticos, legisladores y burócratas de a pie. En este artículo, se define y se aplica el concepto de «implosión institucional» para analizar el asunto de las ayudas a la infancia y sus consecuencias. Además, se sostiene que la implosión en este asunto se debe a la ampliación del grupo objetivo de ciudadanos «no merecedores» a ciudadanos «merecedores». Mientras que la Ley de Fraude se dirigía principalmente a los beneficiarios de prestaciones de desempleo, invalidez y asistencia social, un cambio en el sistema de ayudas para el cuidado de los hijos amplió el ámbito de aplicación de la Ley de Fraude a un grupo casi universal de padres y madres que utilizan guarderías.
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