The cost of complacency: A harm reduction funding crisis
Shranjeno v:
Davis, C., et al., The cost of complacency: A harm reduction funding crisis. Londres, Harm Reduction Internationa, 2024, 49 p.
Ref.
594842
Lokacija:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Reducción de daños, Drogas, Drogodependencias, Exclusión social, Pobreza, Inversiones, Datos estadísticos, Políticas públicas
Reducción de daños, Drogas, Drogodependencias, Exclusión social, Pobreza, Inversiones, Datos estadísticos, Políticas públicas
Abstract:
La reducción de daños engloba una serie de servicios y prácticas sanitarias y sociales que pretenden minimizar los efectos negativos sanitarios, sociales y jurídicos asociados al consumo de drogas, las políticas y las leyes sobre drogas. Basada en la justicia y los derechos humanos, se centra en el cambio positivo y en trabajar con las personas sin juzgarlas, coaccionarlas ni discriminarlas, ni exigirles que dejen de consumir drogas como condición previa para recibir ayuda. Los servicios de reducción de daños, como los programas de intercambio de agujas y jeringuillas y la terapia con agonistas opiáceos, han demostrado ser intervenciones de salud pública eficaces y rentables. La inversión en estos programas no sólo mejora la vida de las personas y los resultados de salud pública, sino que también contribuye a reducir las repercusiones sociales y económicas asociadas al consumo de drogas. A pesar de ello, los gobiernos de todo el mundo dan prioridad a las respuestas punitivas a las drogas. Se criminaliza y margina a los consumidores de drogas, por lo que estos se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a los servicios sanitarios que el resto de la población.<br><br>Históricamente, la financiación de la reducción de daños en los países de ingresos bajos y medios ha formado parte de la respuesta al VIH, con un amplio paquete de intervenciones aprobado al más alto nivel político como parte del compromiso mundial para acabar con el sida en 2030. Sin embargo, en los 15 años que Harm Reduction International (HRI) ha supervisado la financiación de la reducción de daños, nuestros hallazgos han sido sistemáticamente sombríos.<br><br>El apoyo financiero inadecuado para los servicios y para los esfuerzos de promoción necesarios para impulsar el compromiso político dentro de los países sigue impidiendo que las iniciativas de reducción de daños se apliquen a gran escala.
La reducción de daños engloba una serie de servicios y prácticas sanitarias y sociales que pretenden minimizar los efectos negativos sanitarios, sociales y jurídicos asociados al consumo de drogas, las políticas y las leyes sobre drogas. Basada en la justicia y los derechos humanos, se centra en el cambio positivo y en trabajar con las personas sin juzgarlas, coaccionarlas ni discriminarlas, ni exigirles que dejen de consumir drogas como condición previa para recibir ayuda. Los servicios de reducción de daños, como los programas de intercambio de agujas y jeringuillas y la terapia con agonistas opiáceos, han demostrado ser intervenciones de salud pública eficaces y rentables. La inversión en estos programas no sólo mejora la vida de las personas y los resultados de salud pública, sino que también contribuye a reducir las repercusiones sociales y económicas asociadas al consumo de drogas. A pesar de ello, los gobiernos de todo el mundo dan prioridad a las respuestas punitivas a las drogas. Se criminaliza y margina a los consumidores de drogas, por lo que estos se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a los servicios sanitarios que el resto de la población.<br><br>Históricamente, la financiación de la reducción de daños en los países de ingresos bajos y medios ha formado parte de la respuesta al VIH, con un amplio paquete de intervenciones aprobado al más alto nivel político como parte del compromiso mundial para acabar con el sida en 2030. Sin embargo, en los 15 años que Harm Reduction International (HRI) ha supervisado la financiación de la reducción de daños, nuestros hallazgos han sido sistemáticamente sombríos.<br><br>El apoyo financiero inadecuado para los servicios y para los esfuerzos de promoción necesarios para impulsar el compromiso político dentro de los países sigue impidiendo que las iniciativas de reducción de daños se apliquen a gran escala.