Informe general 2022
Shranjeno v:
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Informe general 2022. Madrid, Gobierno de España, 2022, 496 p.
Ref.
591459
Lokacija:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Sobredosis, Prisión, Mortalidad, País Vasco, España
Sobredosis, Prisión, Mortalidad, País Vasco, España
Abstract:
La población penitenciaria en los Centros Penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado1 a 31-12-2022 fue de 46.468 internos/as (ver tabla 1). Se ha producido un incremento de la población total respecto del año 2021 de 505 internos/as en valores absolutos, es decir un incremento total de 1,1 puntos porcentuales, si bien este crecimiento es mayor en el caso de las mujeres, con un incremento del 2,2%, es decir 1,1 puntos porcentuales más que el crecimiento total. La media de población reclusa en 2022 fue de 46.687 internos/as (-1,6% menos que en el año anterior, si bien este descenso es coincidente con la entra en vigor el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, efectivo desde el 1 de octubre de 2021.
La población penitenciaria en los Centros Penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado1 a 31-12-2022 fue de 46.468 internos/as (ver tabla 1). Se ha producido un incremento de la población total respecto del año 2021 de 505 internos/as en valores absolutos, es decir un incremento total de 1,1 puntos porcentuales, si bien este crecimiento es mayor en el caso de las mujeres, con un incremento del 2,2%, es decir 1,1 puntos porcentuales más que el crecimiento total. La media de población reclusa en 2022 fue de 46.687 internos/as (-1,6% menos que en el año anterior, si bien este descenso es coincidente con la entra en vigor el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, efectivo desde el 1 de octubre de 2021.