COVID-19 en centros residenciales de personas mayores: la equidad será necesaria para evitar nuevas catástrofes

Gorde:
Zunzunegui, M.V., et al., COVID-19 en centros residenciales de personas mayores: la equidad será necesaria para evitar nuevas catástrofes. Gaceta Sanitaria, vol. 36, n.1, 2022, p. 3-5.
Erref. 570830
Kokapena: SIIS Archivo (R.1697)
Hitz-gakoak:
Personas mayores, Residencias, COVID, Efectos, Mortalidad, Crítica, Igualdad de oportunidades, Recomendaciones, España
Laburpena:
La COVID-19 ha puesto al descubierto las muchas deficiencias del sistema de cuidados de larga duración, pero también puede ofrecer oportunidades de mejora en los sistemas de vigilancia de la salud y en la preparación para hacer frente a futuras pandemias, asegurando la equidad en la atención a esta población de personas mayores vulnerables. En concreto, en España, sería necesario disponer de:<br><br>• Un sistema de información que facilite la vigilancia de salud con indicadores de resultados relacionados con la calidad de los cuidados (caídas, ataduras, contención química, úlceras de presión), incluyendo también datos sobre incidencia de infecciones y características sociodemográficas y de estado de salud de las personas residentes9.<br><br> • Planes de contingencia en cada residencia que aseguren el nombramiento de una persona responsable de la prevención y el control de las infecciones, la formación de trabajadores en materia de prevención y control de infecciones, los protocolos de actuación en colaboración con los servicios de salud pública, atención primaria y hospitalaria, la disponibilidad de equipos de protección individual y la constitución de un comité de salud en el que participen trabajadores, residentes y familiares elegidos democráticamente.<br><br> • Inspecciones sanitarias realizadas por los servicios de salud pública, cuyos resultados sean públicos y accesibles a la ciudadanía. La futura Agencia Estatal de Salud Pública debería integrar entre sus funciones la vigilancia de la salud en el medio residencial, aunque las competencias estén transferidas a los gobiernos autonómicos.