MC COVID-19. Governmental response to the COVID-19 pandemic in Long-Term Care residences for older people: preparedness, responses and challenges for the future. Spain
Gardado en:
Del Pino, E., et al., MC COVID-19. Governmental response to the COVID-19 pandemic in Long-Term Care residences for older people: preparedness, responses and challenges for the future. Spain. Serie: Mc Covid-19 Working Paper n. 13/2021, Madrid, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2021, 46 p.
Ref.
566094
Localización:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Personas mayores, Discapacidad, Residencias, Cuidados de larga duración, Calidad de la atención, Enfermedades infecciosas, Virus, Epidemia, Efectos, Derechos, Necesidades, Intervención social, Protección, Atención sanitaria, Coordinación, Organización y gestión, Evolución, Políticas públicas, Perspectivas, España
Personas mayores, Discapacidad, Residencias, Cuidados de larga duración, Calidad de la atención, Enfermedades infecciosas, Virus, Epidemia, Efectos, Derechos, Necesidades, Intervención social, Protección, Atención sanitaria, Coordinación, Organización y gestión, Evolución, Políticas públicas, Perspectivas, España
Resumo:
Aunque los datos disponibles son provisionales, ya que no se ha hecho público ningún registro oficial, España sigue siendo uno de los países desarrollados más afectados por el Covid-19 en el mundo, mostrando resultados desalentadores en cuanto al número de muertes en residencias de ancianos. Entre marzo y agosto de 2020, al menos la mitad de los fallecidos en España por Covid-19 o sintomatología relacionada eran residentes en residencias de ancianos. Más de 300.000 adultos mayores tienen como residencia habitual una residencia de ancianos. Aunque es prematuro establecer el peso relativo que la gestión de la pandemia -frente a otros factores- tuvo en la tasa de mortalidad del Covid-19, todo parece indicar que si se hubieran puesto en marcha medidas para evitar la entrada del virus y su transmisión dentro de las residencias de ancianos, el número de muertes habría sido sensiblemente menor. Para comprender mejor lo ocurrido en estos centros y facilitar el aprendizaje de políticas, este estudio identifica las dificultades a las que se enfrentaron los actores institucionales y los gestores de las residencias de ancianos entre enero y agosto de 2020. Para ello, el equipo de investigación realizó 25 entrevistas en profundidad a gestores de estos centros (directores, administradores y supervisores médicos) en varias Comunidades Autónomas. Además, el grupo de investigación entrevistó a altos funcionarios responsables tanto de los servicios sociales como de la sanidad pública a nivel central y regional, y a representantes de los sindicatos y de las asociaciones patronales de las residencias de ancianos
Aunque los datos disponibles son provisionales, ya que no se ha hecho público ningún registro oficial, España sigue siendo uno de los países desarrollados más afectados por el Covid-19 en el mundo, mostrando resultados desalentadores en cuanto al número de muertes en residencias de ancianos. Entre marzo y agosto de 2020, al menos la mitad de los fallecidos en España por Covid-19 o sintomatología relacionada eran residentes en residencias de ancianos. Más de 300.000 adultos mayores tienen como residencia habitual una residencia de ancianos. Aunque es prematuro establecer el peso relativo que la gestión de la pandemia -frente a otros factores- tuvo en la tasa de mortalidad del Covid-19, todo parece indicar que si se hubieran puesto en marcha medidas para evitar la entrada del virus y su transmisión dentro de las residencias de ancianos, el número de muertes habría sido sensiblemente menor. Para comprender mejor lo ocurrido en estos centros y facilitar el aprendizaje de políticas, este estudio identifica las dificultades a las que se enfrentaron los actores institucionales y los gestores de las residencias de ancianos entre enero y agosto de 2020. Para ello, el equipo de investigación realizó 25 entrevistas en profundidad a gestores de estos centros (directores, administradores y supervisores médicos) en varias Comunidades Autónomas. Además, el grupo de investigación entrevistó a altos funcionarios responsables tanto de los servicios sociales como de la sanidad pública a nivel central y regional, y a representantes de los sindicatos y de las asociaciones patronales de las residencias de ancianos