Algunos ejemplos de buenas prácticas legislativas y profesionales para la atención de menores vulnerables y sus familias en Castilla y León. En: Respuestas transdisciplinares en una sociedad global. Aportaciones desde el trabajo social
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Del Álamo, M.T., Rivas, M.F., Algunos ejemplos de buenas prácticas legislativas y profesionales para la atención de menores vulnerables y sus familias en Castilla y León. En: Respuestas transdisciplinares en una sociedad global. Aportaciones desde el trabajo social. Logroño, Universidad de La Rioja, 2016, 16 p.
Ref.
529673
Location:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Menores, Adolescentes, Exclusión social, Protección de menores, Servicios sociales, Intervención familiar, Intervención social, Derechos, Normativa, Experiencias, Recomendaciones, Castilla y León, España
Menores, Adolescentes, Exclusión social, Protección de menores, Servicios sociales, Intervención familiar, Intervención social, Derechos, Normativa, Experiencias, Recomendaciones, Castilla y León, España
Abstract:
Existen evidencias empíricas de los efectos negativos que la crisis de los últimos años ha producido en los menores y sus familias convirtiéndoles en grupos especialmente vulnerables. Por otro lado, de acuerdo a nuestra Constitución, los menores y sus familias son acreedores de protección integral por parte de los poderes públicos, protección que necesariamente exige la existencia de unos servicios públicos eficaces y eficientes. Es indudable que del elenco de servicios públicos destinados a este colectivo son los servicios sociales los que juegan un papel primordial en la defensa y amparo de sus derechos básicos, erigiéndose en el primer nivel de la obligación de la administración pública de proveer protección . Conscientes de ello, el Comité de Ministros del Consejo de Europa dicta la Recomendación Rec(2011)12 sobre los derechos de la infancia y los servicios sociales adaptados a la infancia y a la familia. Recomendación que, en lo que nos consta, apenas ha tenido repercusión doctrinal, por lo que proponemos: una reflexión crítica sobre la adecuación de la actual Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de Castilla y León así como en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y de Ley 26/2015, de 28 de julio modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que reforman la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, a los principios contenidos en la misma; el análisis del catálogo de servicios sociales por la Junta de Castilla y León y la descripción de la implementación de algunas experiencias innovadoras en nuestra comunidad autónoma que se conforman como buenas prácticas legislativas y profesionales efectivas, sostenibles y replicables en otros lugares, para la atención de menores vulnerables y sus familias.
Existen evidencias empíricas de los efectos negativos que la crisis de los últimos años ha producido en los menores y sus familias convirtiéndoles en grupos especialmente vulnerables. Por otro lado, de acuerdo a nuestra Constitución, los menores y sus familias son acreedores de protección integral por parte de los poderes públicos, protección que necesariamente exige la existencia de unos servicios públicos eficaces y eficientes. Es indudable que del elenco de servicios públicos destinados a este colectivo son los servicios sociales los que juegan un papel primordial en la defensa y amparo de sus derechos básicos, erigiéndose en el primer nivel de la obligación de la administración pública de proveer protección . Conscientes de ello, el Comité de Ministros del Consejo de Europa dicta la Recomendación Rec(2011)12 sobre los derechos de la infancia y los servicios sociales adaptados a la infancia y a la familia. Recomendación que, en lo que nos consta, apenas ha tenido repercusión doctrinal, por lo que proponemos: una reflexión crítica sobre la adecuación de la actual Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de Castilla y León así como en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y de Ley 26/2015, de 28 de julio modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que reforman la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, a los principios contenidos en la misma; el análisis del catálogo de servicios sociales por la Junta de Castilla y León y la descripción de la implementación de algunas experiencias innovadoras en nuestra comunidad autónoma que se conforman como buenas prácticas legislativas y profesionales efectivas, sostenibles y replicables en otros lugares, para la atención de menores vulnerables y sus familias.