El impacto de las medidas anti-crisis y la situación social y laboral: España
Gardado en:
Baylos, A., Trillo, F., El impacto de las medidas anti-crisis y la situación social y laboral: España. Bruselas, Comité Económico y Social Europeo, 2013, 35 p.
Ref.
495432
Localización:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Política económica, Política social, Crisis económica, Reforma, Estado social, Trabajo, Crítica, España
Política económica, Política social, Crisis económica, Reforma, Estado social, Trabajo, Crítica, España
Resumo:
En el tratamiento de la crisis en España se pueden detectar dos períodos. En el primero, la preocupación fundamental que guía la respuesta normativa se centra en atajar la crisis de empleo que se origina de forma aguda con la destrucción de puestos de trabajo generalizada, con especial incidencia en el sector de la construcción y en los sectores dependientes del sector inmobiliario. El diálogo social con moderación salarial incluida, la ampliación de la cobertura social a las situaciones de desempleo y los incentivos a la contratación estable constituyen el centro de la actuación de los poderes públicos entre el 2009 y mayo del 2010. Ante el permanente proceso de destrucción de empleo y el incremento de la desconfianza de los mercados financieros respecto de solvencia del Estado español, se produce un giro muy acusado que coincide con el estallido de la crisis griega. A partir de mayo de 2010, se pueden caracterizar las medidas económicas que están operando en España como una batería de medidas de tipo muy variado que convergen en la reducción del déficit público como única vía de salida a la recesión económica. Esta tendencia es muy acusada y tiene su punto álgido en septiembre de 2011, cuando se procede a la reforma del artículo 135 del texto constitucional para imponer un principio de adecuación del gasto público por parte de las Administraciones Públicas en consonancia con el límite de deuda pública fijado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En el tratamiento de la crisis en España se pueden detectar dos períodos. En el primero, la preocupación fundamental que guía la respuesta normativa se centra en atajar la crisis de empleo que se origina de forma aguda con la destrucción de puestos de trabajo generalizada, con especial incidencia en el sector de la construcción y en los sectores dependientes del sector inmobiliario. El diálogo social con moderación salarial incluida, la ampliación de la cobertura social a las situaciones de desempleo y los incentivos a la contratación estable constituyen el centro de la actuación de los poderes públicos entre el 2009 y mayo del 2010. Ante el permanente proceso de destrucción de empleo y el incremento de la desconfianza de los mercados financieros respecto de solvencia del Estado español, se produce un giro muy acusado que coincide con el estallido de la crisis griega. A partir de mayo de 2010, se pueden caracterizar las medidas económicas que están operando en España como una batería de medidas de tipo muy variado que convergen en la reducción del déficit público como única vía de salida a la recesión económica. Esta tendencia es muy acusada y tiene su punto álgido en septiembre de 2011, cuando se procede a la reforma del artículo 135 del texto constitucional para imponer un principio de adecuación del gasto público por parte de las Administraciones Públicas en consonancia con el límite de deuda pública fijado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.