Legal capacity of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems
Saved in:
Legal capacity of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems. Luxemburgo, European Union Agency for Fundamental Rights, 2013, 64 p.
Ref.
194179
Location:
DFB 2014 Archivo
Palabras clave:
Autodeterminación, Discapacidad intelectual, Enfermedades mentales, Estudio comparativo, Igualdad de oportunidades, Incapacidad jurídica, Normativa, Unión Europea
Autodeterminación, Discapacidad intelectual, Enfermedades mentales, Estudio comparativo, Igualdad de oportunidades, Incapacidad jurídica, Normativa, Unión Europea
Abstract:
Desde 2010, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha dedicado cinco informes a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Tras analizar su derecho a la participación política, la protección legal de la que gozan como colectivos potencialmente vulnerables, la reclusión y el tratamiento involuntarios, y el derecho a una vida independiente, el organismo europeo aborda aquí otro tema delicado: la restricción jurídica de la capacidad de obrar. La primera parte del estudio examina el marco jurídico internacional y europeo a este respecto, fijándose en particular en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –aprobada por la ONU en 2006, y ratificada por la Unión Europea y sus miembros–, que en su artículo 12 establece que un mero diagnóstico de discapacidad intelectual o enfermedad mental no basta para restringir la capacidad de una persona de actuar con consecuencias jurídicas. En el segundo capítulo, se compara la legislación existente en esta materia en cada uno de los Estados que integran la Unión Europea. Por último, el informe describe cómo esas restricciones afectan a los colectivos mencionados, valiéndose para ello de más de doscientas entrevistas.
Desde 2010, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha dedicado cinco informes a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Tras analizar su derecho a la participación política, la protección legal de la que gozan como colectivos potencialmente vulnerables, la reclusión y el tratamiento involuntarios, y el derecho a una vida independiente, el organismo europeo aborda aquí otro tema delicado: la restricción jurídica de la capacidad de obrar. La primera parte del estudio examina el marco jurídico internacional y europeo a este respecto, fijándose en particular en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –aprobada por la ONU en 2006, y ratificada por la Unión Europea y sus miembros–, que en su artículo 12 establece que un mero diagnóstico de discapacidad intelectual o enfermedad mental no basta para restringir la capacidad de una persona de actuar con consecuencias jurídicas. En el segundo capítulo, se compara la legislación existente en esta materia en cada uno de los Estados que integran la Unión Europea. Por último, el informe describe cómo esas restricciones afectan a los colectivos mencionados, valiéndose para ello de más de doscientas entrevistas.