Propuesta articulada de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para su adecuación al artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
में बचाया:
Real Patronato sobre Discapacidad, Propuesta articulada de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para su adecuación al artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid, [s.n.], 2012, 113 p.
Ref.
193294
स्थान:
DFB 2013 Archivo / CEDID 193294
Palabras clave:
Derechos, Discapacidad, Igualdad de oportunidades, Incapacidad jurídica, Justicia, Normativa, ONU, Recomendaciones, Reforma, España
Derechos, Discapacidad, Igualdad de oportunidades, Incapacidad jurídica, Justicia, Normativa, ONU, Recomendaciones, Reforma, España
सार:
España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008, y entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. A partir de este momento, y conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española, forma parte del ordenamiento interno, por lo que resulta necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge. Uno de los principales retos, si no el mayor, es el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, al afirmarse en el apartado 2 de su artículo 12 que “los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida” y establecerse a continuación que “los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Este reconocimiento obliga a plantear la revisión de sistemas vigentes en España relativos a la modificación de la capacidad de obrar, que actualmente permiten la sustitución de una persona con discapacidad por otra en la toma de decisiones referidas a su ámbito personal o patrimonial, pues entran en conflicto con el texto internacional, que en tanto que instrumento jurídico vinculante y exigible en España, prevalece sobre cualquier legislación interna. Con el fin de colaborar con esta revisión, en el seno de la Comisión de Legislación del Real Patronato sobre Discapacidad, en abril de 2007 se constituyó una Subcomisión de Expertos con la finalidad de aunar posturas en relación a la interpretación e impacto del artículo 12 de la Convención. Dicha Subcomisión ha trabajado estos años en la redacción de una propuesta para llevar a cabo una modificación profunda y ambiciosa del Código Civil y también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para trasformar un procedimiento basado en la identificación de la incapacidad y en la sustitución de la voluntad de la persona, por un nuevo sistema que, partiendo de la previa existencia incuestionada de la capacidad, la potencie y la apoye de una forma dinámica. La propuesta elaborada como resultado de este trabajo es la que se presenta en este documento.
España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008, y entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. A partir de este momento, y conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española, forma parte del ordenamiento interno, por lo que resulta necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge. Uno de los principales retos, si no el mayor, es el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, al afirmarse en el apartado 2 de su artículo 12 que “los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida” y establecerse a continuación que “los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Este reconocimiento obliga a plantear la revisión de sistemas vigentes en España relativos a la modificación de la capacidad de obrar, que actualmente permiten la sustitución de una persona con discapacidad por otra en la toma de decisiones referidas a su ámbito personal o patrimonial, pues entran en conflicto con el texto internacional, que en tanto que instrumento jurídico vinculante y exigible en España, prevalece sobre cualquier legislación interna. Con el fin de colaborar con esta revisión, en el seno de la Comisión de Legislación del Real Patronato sobre Discapacidad, en abril de 2007 se constituyó una Subcomisión de Expertos con la finalidad de aunar posturas en relación a la interpretación e impacto del artículo 12 de la Convención. Dicha Subcomisión ha trabajado estos años en la redacción de una propuesta para llevar a cabo una modificación profunda y ambiciosa del Código Civil y también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para trasformar un procedimiento basado en la identificación de la incapacidad y en la sustitución de la voluntad de la persona, por un nuevo sistema que, partiendo de la previa existencia incuestionada de la capacidad, la potencie y la apoye de una forma dinámica. La propuesta elaborada como resultado de este trabajo es la que se presenta en este documento.