Los requisitos de acreditación de residencias para personas mayores. Normativas autonómicas sobre ratios y formación mínima del personal para residencias privadas para personas mayores
Guardado en:
Molina, A., Los requisitos de acreditación de residencias para personas mayores. Normativas autonómicas sobre ratios y formación mínima del personal para residencias privadas para personas mayores. Madrid, Lares-Federación de Residencias y servicios de atención a los mayores -sector solidario-, 2010, 60 p.
Ref.
177666
Localización:
DFB 2011 Archivo
Palabras clave:
Acreditación, Estudio comparativo, Normativa, Perfil profesional, Personal, Personas mayores, Ratios, Residencias, Autonomías, España
Acreditación, Estudio comparativo, Normativa, Perfil profesional, Personal, Personas mayores, Ratios, Residencias, Autonomías, España
Resumen:
La Ley de Dependencia (39/2006) reconoce la atención a las personas dependientes como un servicio público universal, y compromete a las instituciones del Estado a garantizar el ejercicio del derecho correspondiente. La norma deja la puerta abierta a que entidades privadas gestionen centros residenciales concertados, pero establece que sólo aquellas debidamente acreditadas podrán atender a personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). A la espera de que las comunidades autónomas precisen las condiciones de esa acreditación –de momento, muy pocas lo han hecho–, este documento compila los requisitos que se exigen en cada una de ellas a cualquier residencia para personas mayores. Igualmente, expone el contenido del Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación para Garantizar la Calidad de los Centros y Servicios del SAAD, de 2008, donde se fijan los estándares mínimos que deberá cumplir la normativa autonómica. Si bien los requisitos materiales e informativos no difieren de lo que ya se pide a este tipo de centros, el acuerdo introduce novedades en materia de formación de las plantillas y ratios de personal.
La Ley de Dependencia (39/2006) reconoce la atención a las personas dependientes como un servicio público universal, y compromete a las instituciones del Estado a garantizar el ejercicio del derecho correspondiente. La norma deja la puerta abierta a que entidades privadas gestionen centros residenciales concertados, pero establece que sólo aquellas debidamente acreditadas podrán atender a personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). A la espera de que las comunidades autónomas precisen las condiciones de esa acreditación –de momento, muy pocas lo han hecho–, este documento compila los requisitos que se exigen en cada una de ellas a cualquier residencia para personas mayores. Igualmente, expone el contenido del Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación para Garantizar la Calidad de los Centros y Servicios del SAAD, de 2008, donde se fijan los estándares mínimos que deberá cumplir la normativa autonómica. Si bien los requisitos materiales e informativos no difieren de lo que ya se pide a este tipo de centros, el acuerdo introduce novedades en materia de formación de las plantillas y ratios de personal.