HOW DO DRUG POLICY MAKERS ACCESS RESEARCH EVIDENCE?
Պահպանված է:
RITTER, A., HOW DO DRUG POLICY MAKERS ACCESS RESEARCH EVIDENCE?. INTERNATIONAL JOURNAL OF DRUG POLICY, THE, Vol. 20, no. 1 (2009), p. 70-75.
Ref.
157805
Տեղադրություն:
SIIS R.1114 Archivo
Palabras clave:
Documentación, Drogodependencias, Información, Investigación, Planificación de servicios
Documentación, Drogodependencias, Información, Investigación, Planificación de servicios
Համառոտագրություն:
Se supone que las buenas políticas se basan en datos científicos. Se supone, porque lo cierto es que la investigación y la política tienen ritmos y lógicas a menudo discordantes. En ocasiones el conocimiento disponible puede resultar equívoco o demasiado específico. Los documentos pueden ser difíciles de localizar, no responder a los temas prioritarios de la agenda política o estar escritos de manera poco legible. Además, la toma de decisiones está condicionada por los agentes y grupos de poder que intervienen en la esfera política. Conocer mejor las relaciones entre ciencia y política resulta primordial para aumentar la incidencia que el conocimiento científico debe tener en las políticas de drogodependencias. Este artículo indaga en las fuentes de información que se utilizan en la toma de decisiones en materia de drogodependencias en Australia, y lo hace a partir de entrevistas cualitativas con responsables políticos. Como cabía esperar, el documento pone de manifiesto que la toma de decisiones sucede en un contexto de relativa urgencia: los políticos no suelen disponer de mucho tiempo para leer y digerir la información. Las fuentes de conocimiento más habituales son: los expertos externos; los informes técnicos, las monografías y los boletines; Google y los centros de referencia especializados; las estadísticas; los homólogos en otras jurisdicciones; la literatura académica; el propio conocimiento acumulado; los planes de drogas; y los consultores. En cuanto al tipo de información que resulta más útil, se valora la síntesis y los análisis capaces de sacar conclusiones de múltiples fuentes. De acuerdo con el estudio, en torno a este tema se observa una tensión entre el ámbito académico y el político, pues si bien las publicaciones científicas no suelen satisfacer las demandas de la clase política, ésta busca conocimiento experto y el prestigio se obtiene mediante esas publicaciones. Entonces, ¿cómo impulsar una política basada en evidencias científicas? Para lograr tal objetivo, la autora recomienda a los científicos que se muestren accesibles a las consultas, que reconozcan los límites de su conocimiento y que difundan sus trabajos de forma gratuita a través de Internet. El artículo termina apuntando algunas líneas de investigación dentro de este interesante campo de las políticas científicas.
Se supone que las buenas políticas se basan en datos científicos. Se supone, porque lo cierto es que la investigación y la política tienen ritmos y lógicas a menudo discordantes. En ocasiones el conocimiento disponible puede resultar equívoco o demasiado específico. Los documentos pueden ser difíciles de localizar, no responder a los temas prioritarios de la agenda política o estar escritos de manera poco legible. Además, la toma de decisiones está condicionada por los agentes y grupos de poder que intervienen en la esfera política. Conocer mejor las relaciones entre ciencia y política resulta primordial para aumentar la incidencia que el conocimiento científico debe tener en las políticas de drogodependencias. Este artículo indaga en las fuentes de información que se utilizan en la toma de decisiones en materia de drogodependencias en Australia, y lo hace a partir de entrevistas cualitativas con responsables políticos. Como cabía esperar, el documento pone de manifiesto que la toma de decisiones sucede en un contexto de relativa urgencia: los políticos no suelen disponer de mucho tiempo para leer y digerir la información. Las fuentes de conocimiento más habituales son: los expertos externos; los informes técnicos, las monografías y los boletines; Google y los centros de referencia especializados; las estadísticas; los homólogos en otras jurisdicciones; la literatura académica; el propio conocimiento acumulado; los planes de drogas; y los consultores. En cuanto al tipo de información que resulta más útil, se valora la síntesis y los análisis capaces de sacar conclusiones de múltiples fuentes. De acuerdo con el estudio, en torno a este tema se observa una tensión entre el ámbito académico y el político, pues si bien las publicaciones científicas no suelen satisfacer las demandas de la clase política, ésta busca conocimiento experto y el prestigio se obtiene mediante esas publicaciones. Entonces, ¿cómo impulsar una política basada en evidencias científicas? Para lograr tal objetivo, la autora recomienda a los científicos que se muestren accesibles a las consultas, que reconozcan los límites de su conocimiento y que difundan sus trabajos de forma gratuita a través de Internet. El artículo termina apuntando algunas líneas de investigación dentro de este interesante campo de las políticas científicas.
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