DERECHO A LA VIVIENDA Y POLITICAS HABITACIONALES: INFORME DE UN DESENCUENTRO
Shranjeno v:
OBSERVATORI DESC, DERECHO A LA VIVIENDA Y POLITICAS HABITACIONALES: INFORME DE UN DESENCUENTRO. BARCELONA, OBSERVATORI DESC, 2008, 67 p.
Ref.
150522
Lokacija:
DFB Archivo
Palabras clave:
Crítica, Exclusión social, Informes oficiales, ONU, Política de vivienda, Recomendaciones, Autonomías, España
Crítica, Exclusión social, Informes oficiales, ONU, Política de vivienda, Recomendaciones, Autonomías, España
Abstract:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, reconoce el derecho a una vivienda digna. Con el fin de velar por el cumplimiento de esta norma, la ONU creó en 2000 una relatoría especializada, que realiza informes periódicos sobre la situación de la vivienda en diferentes países. El documento que aquí se reseña da cuenta, justamente, del examen al que fue sometida España a finales de 2006. La conclusión del informe es clara:“existe una considerable distancia entre las políticas habitacionales aprobadas por los diferentes poderes públicos del Estado y los compromisos internacionales e internos adquiridos por éste”. El relator admite que en los últimos años se han introducido ciertas reformas tendentes a garantizar el derecho a una vivienda digna, pero critica que se encuentran “neutralizadas” por medidas de signo contrario. En consecuencia, lejos de constituir un derecho inalienable, la vivienda en España es, hoy por hoy, un bien mercantilizado, cuando no un instrumento más de la política electoral. En el capítulo de recomendaciones, el documento aboga por una política de vivienda asequible y por proteger los derechos de las personas y colectivos con mayores riesgos de exclusión habitacional. En opinión del relator, las políticas públicas en este terreno deberían priorizar el alquiler social, la cesión de uso y el usufructo sobre la propiedad, y la rehabilitación y la movilización de viviendas vacías sobre la construcción de nuevos edificios. Por último, reclama de las autoridades que implementen fórmulas alternativas de participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas urbanísticas, pues en un contexto de “emergencia habitacional” como el que vivimos, aquélla “no puede reducirse a los mecanismos establecidos por las instituciones”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, reconoce el derecho a una vivienda digna. Con el fin de velar por el cumplimiento de esta norma, la ONU creó en 2000 una relatoría especializada, que realiza informes periódicos sobre la situación de la vivienda en diferentes países. El documento que aquí se reseña da cuenta, justamente, del examen al que fue sometida España a finales de 2006. La conclusión del informe es clara:“existe una considerable distancia entre las políticas habitacionales aprobadas por los diferentes poderes públicos del Estado y los compromisos internacionales e internos adquiridos por éste”. El relator admite que en los últimos años se han introducido ciertas reformas tendentes a garantizar el derecho a una vivienda digna, pero critica que se encuentran “neutralizadas” por medidas de signo contrario. En consecuencia, lejos de constituir un derecho inalienable, la vivienda en España es, hoy por hoy, un bien mercantilizado, cuando no un instrumento más de la política electoral. En el capítulo de recomendaciones, el documento aboga por una política de vivienda asequible y por proteger los derechos de las personas y colectivos con mayores riesgos de exclusión habitacional. En opinión del relator, las políticas públicas en este terreno deberían priorizar el alquiler social, la cesión de uso y el usufructo sobre la propiedad, y la rehabilitación y la movilización de viviendas vacías sobre la construcción de nuevos edificios. Por último, reclama de las autoridades que implementen fórmulas alternativas de participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas urbanísticas, pues en un contexto de “emergencia habitacional” como el que vivimos, aquélla “no puede reducirse a los mecanismos establecidos por las instituciones”.