PUBLIC ORDER AND SUPERVISED INJECTION FACILITIES: VANCOUVER'S SIS. FINAL REPORT
Tallennettuna:
BOYD, N., ET AL., PUBLIC ORDER AND SUPERVISED INJECTION FACILITIES: VANCOUVER'S SIS. FINAL REPORT. [s.l.], [s.n.], 2008, 29 p.
Ref.
150454
Sijainti:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Delincuencia, Drogas ilegales, Drogodependencias, Efectos, Estudio local, Evaluación de servicios, Reducción de daños, Salas de venopunción, Canadá
Delincuencia, Drogas ilegales, Drogodependencias, Efectos, Estudio local, Evaluación de servicios, Reducción de daños, Salas de venopunción, Canadá
Abstrakti:
La historia de Insite, la sala de consumo supervisado de Vancouver (Canadá), refleja bien las dificultades a las que este tipo de centros deben enfrentarse en muchos países. Nació en 2003 como un programa experimental y gracias a una excepción –aprobada ad hoc– a la ley federal sobre drogas. Cinco años después, los buenos resultados obtenidos, el apoyo de las autoridades municipales y provinciales y la aceptación de la mayoría de la opinión pública no han evitado que este recurso sanitario siga trabajando en la misma precariedad jurídica que entonces y bajo la amenaza de cierre por parte del Gobierno federal. La continua necesidad de justificar su labor ha dado pie a numerosas investigaciones. La que recoge este artículo es una de las más recientes y en ella se examina el posible impacto del centro en la criminalidad del barrio donde está ubicado. La investigación utiliza dos fuentes de datos. El análisis de los partes policiales elaborados entre 2000 y 2006 revela que no ha habido cambios significativos ni en el número ni en la distribución espacial de la criminalidad registrada en la zona. Es más, si bien la mayoría de inyecciones siguen produciéndose fuera del centro, la apertura de éste ha contribuido a reducir modestamente el consumo público de opiáceos –no así el de crac, droga cuyo mercado ha aumentado y que no puede consumirse en Insite, al carecer de instalaciones específicas para ello–. La segunda fuente empleada trata de indagar en la criminalidad percibida por medio de 80 entrevistas realizadas a personas que viven o trabajan en la zona (residentes, oficiales de Policía, proveedores de servicios y empresarios). Preguntados por el eventual impacto del centro en el orden público, alrededor del 60% opinaba que había tenido una incidencia positiva; el 28%, que no había tenido ningún impacto; y el 12%, que había tenido un efecto negativo. Igualmente, más del 55% de los encuestados declaraban que la experiencia debería extenderse a otros lugares. A tenor de los datos recogidos, los autores del estudio concluyen que no hay indicios de la sala haya afectado a la criminalidad del barrio.
La historia de Insite, la sala de consumo supervisado de Vancouver (Canadá), refleja bien las dificultades a las que este tipo de centros deben enfrentarse en muchos países. Nació en 2003 como un programa experimental y gracias a una excepción –aprobada ad hoc– a la ley federal sobre drogas. Cinco años después, los buenos resultados obtenidos, el apoyo de las autoridades municipales y provinciales y la aceptación de la mayoría de la opinión pública no han evitado que este recurso sanitario siga trabajando en la misma precariedad jurídica que entonces y bajo la amenaza de cierre por parte del Gobierno federal. La continua necesidad de justificar su labor ha dado pie a numerosas investigaciones. La que recoge este artículo es una de las más recientes y en ella se examina el posible impacto del centro en la criminalidad del barrio donde está ubicado. La investigación utiliza dos fuentes de datos. El análisis de los partes policiales elaborados entre 2000 y 2006 revela que no ha habido cambios significativos ni en el número ni en la distribución espacial de la criminalidad registrada en la zona. Es más, si bien la mayoría de inyecciones siguen produciéndose fuera del centro, la apertura de éste ha contribuido a reducir modestamente el consumo público de opiáceos –no así el de crac, droga cuyo mercado ha aumentado y que no puede consumirse en Insite, al carecer de instalaciones específicas para ello–. La segunda fuente empleada trata de indagar en la criminalidad percibida por medio de 80 entrevistas realizadas a personas que viven o trabajan en la zona (residentes, oficiales de Policía, proveedores de servicios y empresarios). Preguntados por el eventual impacto del centro en el orden público, alrededor del 60% opinaba que había tenido una incidencia positiva; el 28%, que no había tenido ningún impacto; y el 12%, que había tenido un efecto negativo. Igualmente, más del 55% de los encuestados declaraban que la experiencia debería extenderse a otros lugares. A tenor de los datos recogidos, los autores del estudio concluyen que no hay indicios de la sala haya afectado a la criminalidad del barrio.