EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA DECLARACION DE INCAPACIDAD PERMANENTE
Uloženo v:
RABANAL, P., EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA DECLARACION DE INCAPACIDAD PERMANENTE. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, no. 69 (2007), p. 175-196.
Ref.
148912
Umístění:
SIIS R.1299 Archivo
Palabras clave:
Discapacidad, Empresa, Incapacidad, Trabajo, España
Discapacidad, Empresa, Incapacidad, Trabajo, España
Abstrakt:
Desde principios de los noventa, la Jurisprudencia niega a la empresa legitimación para intervenir en el procedimiento de declaración de incapacidad permanente, salvo cuando es responsable de las prestaciones, con el argumento de que carece de interés directo para interferir en la relación jurídica de Seguridad Social existente entre el beneficiario y la Entidad Gestora, de modo que el estado invalidante del trabajador no se traduce en implicaciones patrimoniales para la empresa, y los intereses que ésta pueda tener, derivados del contrato de trabajo, pueden ser atendidos por otras vías, señaladamente, la extinción por ineptitud sobrevenida, en su caso. Esta doctrina plantea sin embargo numerosos problemas prácticos, pues el despido objetivo ni es adecuado para la salvaguarda de esos intereses, ni resulta tampoco la mejor forma de proteger al trabajador aquejado de algún estado invalidante, y ni siquiera está claro que se trate de una opción realmente viable. Existen además situaciones tales como las mejoras voluntarias de prestaciones u otros compromisos convencionales o el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, que convierten el interés empresarial en mucho más directo y patrimonial. Ello aconsejaría permitir la intervención de la empresa en la declaración de incapacidad permanente, respetando los intereses de trabajador y Entidad Gestora, que, ciertamente, son las partes principales en la cuestión.
Desde principios de los noventa, la Jurisprudencia niega a la empresa legitimación para intervenir en el procedimiento de declaración de incapacidad permanente, salvo cuando es responsable de las prestaciones, con el argumento de que carece de interés directo para interferir en la relación jurídica de Seguridad Social existente entre el beneficiario y la Entidad Gestora, de modo que el estado invalidante del trabajador no se traduce en implicaciones patrimoniales para la empresa, y los intereses que ésta pueda tener, derivados del contrato de trabajo, pueden ser atendidos por otras vías, señaladamente, la extinción por ineptitud sobrevenida, en su caso. Esta doctrina plantea sin embargo numerosos problemas prácticos, pues el despido objetivo ni es adecuado para la salvaguarda de esos intereses, ni resulta tampoco la mejor forma de proteger al trabajador aquejado de algún estado invalidante, y ni siquiera está claro que se trate de una opción realmente viable. Existen además situaciones tales como las mejoras voluntarias de prestaciones u otros compromisos convencionales o el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, que convierten el interés empresarial en mucho más directo y patrimonial. Ello aconsejaría permitir la intervención de la empresa en la declaración de incapacidad permanente, respetando los intereses de trabajador y Entidad Gestora, que, ciertamente, son las partes principales en la cuestión.