DROITS DES ENFANTS PLACES ET EN SITUATION DE RISQUE
Spremljeno u:
GUDBRANDSSON, B., DROITS DES ENFANTS PLACES ET EN SITUATION DE RISQUE. ESTRASBURGO, CONSEIL DE L'EUROPE, 2007, 88 p.
Ref.
144737
Lokacija:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Acogimiento familiar, Alternativas, Centros de protección, Consejo de Europa, Cuestionarios, Derechos del niño, Directrices, Educación familiar, Intervención familiar, Juventud, Menores, Normativa, Prevención, Protección de menores, Riesgo, Trabajador social, Transición, Panorama internacional
Acogimiento familiar, Alternativas, Centros de protección, Consejo de Europa, Cuestionarios, Derechos del niño, Directrices, Educación familiar, Intervención familiar, Juventud, Menores, Normativa, Prevención, Protección de menores, Riesgo, Trabajador social, Transición, Panorama internacional
Sažetak:
El trabajo que se presenta recoge una serie de documentos relacionados con los derechos de los menores -promovidos por distintos organismos internacionales de reconocido prestigio- así como estadísticas básicas de menores institucionalizados en distintos países europeos, de difícil comparación dadas las diferencias legales, sociales, culturales y económicas existentes entre los mismos. Nuestra atención, en este caso, se centra en las propuestas, recogidas en ese documento, relacionadas con el papel del profesional clave que deberían desempeñar los trabajadores sociales en este proceso. Son numerosos los estudios que han puesto de manifiesto la importante incidencia del papel estos trabajadores sociales, sus valores y percepciones en su interacción con los menores y sus familias, lo que se traduce en diferentes formas de comportamiento, positivas, en unos casos, y negativas, en otros. Esta discrecionalidad aconseja el establecimiento de unas normas básicas que garanticen la calidad de sus prácticas profesionales. El principio director de todo el proceso de institucionalización debe ser el diálogo con el menor; la consulta, la consideración de sus deseos y la colaboración deben estar presentes en esta delicada etapa. Siendo la separación de un menor de su familia una decisión traumática -se reconoce como último recurso- deben ponerse en marcha todas las medidas de apoyo al conjunto familiar y valorar todas las estrategias capaces de evitar la separación, o hacerla lo más breve posible, con su colaboración y el pleno reconocimiento de sus derechos. Los menores deben disponer de un plan individualizado que garantice su desarrollo físico, psíquico y su autonomía, dedicando una atención particular a su proceso educativo. Las condiciones de internamiento deben permitir al menor el máximo aprovechamiento de los recursos generales comunitarios, particularmente en las áreas de ocio y educativas. Es necesario conceder una importancia particular a los grupos étnicos minoritarios -sobrerepresentados en estos establecimientos- para prevenir su discriminación y su exclusión social. Hay que recomendar, por último, la adopción de un código deontológico -a ser posible, dentro de la Convención de la ONU relativa a los derechos de los menores y sus familias- que concrete las normas a respetar por los profesionales sociales rsponsables de las decisiones.
El trabajo que se presenta recoge una serie de documentos relacionados con los derechos de los menores -promovidos por distintos organismos internacionales de reconocido prestigio- así como estadísticas básicas de menores institucionalizados en distintos países europeos, de difícil comparación dadas las diferencias legales, sociales, culturales y económicas existentes entre los mismos. Nuestra atención, en este caso, se centra en las propuestas, recogidas en ese documento, relacionadas con el papel del profesional clave que deberían desempeñar los trabajadores sociales en este proceso. Son numerosos los estudios que han puesto de manifiesto la importante incidencia del papel estos trabajadores sociales, sus valores y percepciones en su interacción con los menores y sus familias, lo que se traduce en diferentes formas de comportamiento, positivas, en unos casos, y negativas, en otros. Esta discrecionalidad aconseja el establecimiento de unas normas básicas que garanticen la calidad de sus prácticas profesionales. El principio director de todo el proceso de institucionalización debe ser el diálogo con el menor; la consulta, la consideración de sus deseos y la colaboración deben estar presentes en esta delicada etapa. Siendo la separación de un menor de su familia una decisión traumática -se reconoce como último recurso- deben ponerse en marcha todas las medidas de apoyo al conjunto familiar y valorar todas las estrategias capaces de evitar la separación, o hacerla lo más breve posible, con su colaboración y el pleno reconocimiento de sus derechos. Los menores deben disponer de un plan individualizado que garantice su desarrollo físico, psíquico y su autonomía, dedicando una atención particular a su proceso educativo. Las condiciones de internamiento deben permitir al menor el máximo aprovechamiento de los recursos generales comunitarios, particularmente en las áreas de ocio y educativas. Es necesario conceder una importancia particular a los grupos étnicos minoritarios -sobrerepresentados en estos establecimientos- para prevenir su discriminación y su exclusión social. Hay que recomendar, por último, la adopción de un código deontológico -a ser posible, dentro de la Convención de la ONU relativa a los derechos de los menores y sus familias- que concrete las normas a respetar por los profesionales sociales rsponsables de las decisiones.