THE IMPACT OF SUBSTANCE ABUSE ON WELFARE RECIPIENTS
Guardat en:
DANNELLY, B.D., THE IMPACT OF SUBSTANCE ABUSE ON WELFARE RECIPIENTS. LEXINGTON, SHEPHERD CONSORTIUM, 2005, 30 p.
Ref.
137439
Localització:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Acceso, Crítica, Datos epidemiológicos, Discriminación, Drogodependencias, Efectos, Pobreza, Prestaciones económicas, Servicios sociales, Tratamiento, EE.UU.
Acceso, Crítica, Datos epidemiológicos, Discriminación, Drogodependencias, Efectos, Pobreza, Prestaciones económicas, Servicios sociales, Tratamiento, EE.UU.
Resum:
Los Estados Unidos no destacan precisamente por su sistema de bienestar social ni por la generosidad de las ayudas que conceden a las personas en situación de pobreza o de exclusión social. Las prestaciones sociales a las que tiene derecho cualquier estadounidense son reducidas, porque en aquel país la mayoría de servicios médicos y sociales son de pago. Así, además de ser uno de los países con mayor riqueza per cápita, también es uno de los que alberga mayores desigualdades sociales, con un 12’6% de su población por debajo del umbral de la pobreza (definido, por cierto, en términos absolutos y no en términos relativos, como tiende a hacerse en Europa de acuerdo con la idea de que la pobreza sólo puede medirse en relación a los recursos económicos medios del territorio o país en cuestión). Dentro de este panorama, este artículo se centra en un colectivo particularmente vulnerable, el de las personas consumidoras de drogas o que están en proceso de desintoxicación. Y lo hace para denunciar la doble discriminación que sufren: la social, derivada de lo que supone ser o haber sido drogadicto-a, y la institucional, consecuencia de una política social que les niega los ya de por sí escasos recursos que moviliza.
Los Estados Unidos no destacan precisamente por su sistema de bienestar social ni por la generosidad de las ayudas que conceden a las personas en situación de pobreza o de exclusión social. Las prestaciones sociales a las que tiene derecho cualquier estadounidense son reducidas, porque en aquel país la mayoría de servicios médicos y sociales son de pago. Así, además de ser uno de los países con mayor riqueza per cápita, también es uno de los que alberga mayores desigualdades sociales, con un 12’6% de su población por debajo del umbral de la pobreza (definido, por cierto, en términos absolutos y no en términos relativos, como tiende a hacerse en Europa de acuerdo con la idea de que la pobreza sólo puede medirse en relación a los recursos económicos medios del territorio o país en cuestión). Dentro de este panorama, este artículo se centra en un colectivo particularmente vulnerable, el de las personas consumidoras de drogas o que están en proceso de desintoxicación. Y lo hace para denunciar la doble discriminación que sufren: la social, derivada de lo que supone ser o haber sido drogadicto-a, y la institucional, consecuencia de una política social que les niega los ya de por sí escasos recursos que moviliza.