ENTREVISTA CON SANTIAGO ALVAREZ GARCIA: COMPETITIVIDAD ECONOMICA Y PROTECCION SOCIAL SON CLARAMENTE COMPATIBLES
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ENTREVISTA CON SANTIAGO ALVAREZ GARCIA: COMPETITIVIDAD ECONOMICA Y PROTECCION SOCIAL SON CLARAMENTE COMPATIBLES. HILERO EGUNERATUZ, no. 35 (2003), p. 8-9.
Ref.
121808
Τοποθεσία:
DFB R.1578 Archivo
Palabras clave:
Crítica, Estado social, Exclusión social, Gasto social, Protección social, España, Panorama internacional
Crítica, Estado social, Exclusión social, Gasto social, Protección social, España, Panorama internacional
Περίληψη:
Santiago Alvarez García acaba de publicar, junto a Ana María Guillén, un trabajo en el que se analizan las nuevas y las viejas desigualdades a las que tienen que hacer frente las sociedades actuales. Para este profesor de la Universidad de Oviedo, los análisis realizados en el libro ponen de manifiesto que el recorte del Estado de Bienestar no es inevitable ni generalizado: en los países de Europa, a lo largo de las dos últimas décadas no se han producido recortes significativos en los gastos dedicados a la protección social y los diversos países han mantenido un amplio margen de maniobra de acuerdo con sus prioridades políticas y sociales. Alvarez sostiene además que competitividad económica y protección social son claramente compatibles, siempre que se alcance una mayor eficacia y racionalidad en el gasto público.
Santiago Alvarez García acaba de publicar, junto a Ana María Guillén, un trabajo en el que se analizan las nuevas y las viejas desigualdades a las que tienen que hacer frente las sociedades actuales. Para este profesor de la Universidad de Oviedo, los análisis realizados en el libro ponen de manifiesto que el recorte del Estado de Bienestar no es inevitable ni generalizado: en los países de Europa, a lo largo de las dos últimas décadas no se han producido recortes significativos en los gastos dedicados a la protección social y los diversos países han mantenido un amplio margen de maniobra de acuerdo con sus prioridades políticas y sociales. Alvarez sostiene además que competitividad económica y protección social son claramente compatibles, siempre que se alcance una mayor eficacia y racionalidad en el gasto público.